sábado, 5 de diciembre de 2009

sINDE dIMISIÓN, gOBIERNO mENTIROSO

Es bueno recordar que el PSOE en su programa electoral de 2004, proponía convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, garantizando un mejor acceso a los servicios, “extendiendo la conectividad”. Prometió la creación de un Fondo para la Igualdad en el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un Bono para garantizarlo. Pues bien, la Legislatura expiró y en vez del fondo para el desarrollo de la sociedad de información nos dejo el privilegio del canon para beneficiar a unos cuantos ya enriquecidos lo cual como hemos dicho en reiteradas ocasiones es algo profundamente inmoral y ahora con la diarrea legislativa que constituye la Ley de economía sostenible, tiene mas disposiciones finales que artículos y todas ellas sin guardar conexión alguna entre si, demuestra por una parte que el organismo gubernamental no es capaz de digerir la realidad del momento y por otra que en vez de considerar las telecomunicaciones un derecho de los ciudadanos, nos trae la censura y legitima el espionaje en Internet.

05-12-2009 - Dentro de ese cúmulo de disposiciones modifica mas de 20 leyes, hay una que esta dando que hablar estos días, por la que se modifica la LISI y la LPI. Pero no es ninguna novedad no es mas que otro intento que se suma a los que se produjeron durante la tramitación de la LISI, para establecer la censura en Internet. Basta con recordar el proyecto del articulo el artículo 17 bis, que fue retirado por dos veces consecutivas y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a la carga con el "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet"., que también tuvo que ser retirado tras el ridículo del Ministro Montilla negando desde Barcelona lo que se afirmaba desde su Ministerio: ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada para retirar contenidos de la red sin control judicial alguno.

La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas liberticidas. Ahora con renovado ardor guerrero vuelven con más de lo mismo, pero por el momento solo han conseguido hacer el ridículo: mintiendo, pues dicen cosas que no dice la Ley y, desdiciéndose y desautorizándose varias veces al día. Es rigurosamente falso que la Ley no permite la desconexión de particulares y lo mas grave para saber si una persona se baja material protegido sus comunicaciones tienen que ser espiadas, lo que atenta al articulo 18.3 de la Constitución, Zapatero dice que no se cerraran páginas Web, pero la Ley y hasta ese mismo momento la Ministra dicen lo contrario. La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, con estos datos podrán cortarles la conexión o con la ayuda de Sitel saber todo lo que se han descargado durante un año y plantearles una demanda de responsabilidad civil millonaria ( modelo Usa, y con lo que le gusta a Zapatero imitar a Obama probablemente este pensando en eso). En los dos primeros casos la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a la que Sinde calificó de "comisión independiente compuesta por expertos", tras un breve y rápido procedimiento en el que serás oído te cerraran la pagina, te desconectaran... Eso si, tu derecho de acceso a los Tribunales no te lo niega nadie: podrás recurrir, gastándote el dinero en abogados y procuradores y esperar cuatro años hasta que resuelvan en primera instancia.

Aquí queremos poner un ejemplo de lo que pasará. Como es sabido la Ministra esta denunciada por conflicto de intereses entre su cargo y sus intereses propios y familiares con la industria cinematográfica y que administra fondos públicos con los que ha beneficiado a entidades que han sido presididas por ella. Obviamente el órgano administrativo, “la oficina de conflicto de intereses” tan independiente como la Comisión del Ministerio de Cultura no quiere investigar el hecho y ha decidido archivarlo, lo que nos obliga a tener que recurrir en vía jurisdiccional lógicamente cuando resuelva Sinde ya no será Ministra, poco sentido tendrá ya la investigación. Todo esta estudiado para que la Ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos y el Código de Buen Gobierno no sea exigible jurídicamente.

Pero en el caso de Sinde cabe una vía de acceso directo a la jurisdicción, a la que cualquiera puede acudir mediante una querella. La imposibilidad práctica de exigir responsabilidad en la vía administrativa obliga a que alguien reconsidere esta posibilidad, la gran analogía con los hechos por los que ha sido querellado Diego López Garrido, prevaricación y malversación de dinero público son un argumento más a favor. Solo su dimisión, como se esta pidiendo desde la red el mismo día que se anuncio su nombramiento podría zanjar la cuestión. De no ser así los enfrentamientos serán largos y queda mucha gasolina por arder.

Asociación de Internautas

viernes, 4 de diciembre de 2009

lEY dE eCONOMÍA sOSTENIBLE e iNTERNET: aCTUALIZACIÓN

El rechazo frontal a la creación de un comité de expertos que podría decidir el cierre de una web sin que mediara decisión judicial alguna está por todas partes, pero aquí van algunos enlaces que he podido ver hoy y que me parecen interesantes para centrar el asunto a mayores de la anotación de Alvy sobre la reunión con la ministra de cultura.

  • David Bravo lo vuelve a dejar todo muy claro en este encuentro digital en EcoDiario:
    Esta reforma permite que una Comisión del Ministerio de Cultura -y no un juez- sea la encargada de decidir si en una página web existe o no vulneración de derechos de propiedad intelectual, teniendo capacidad para cerrarla.
  • Nacho Escolar aclara el procedimiento:
    Si existe una denuncia y la comisión considera que merece ser bloqueada, hablará con los servidores donde se aloje esa web para que la descuelgue de la red. ¿Y si la página está en un servidor de fuera de España? Según Corral [Guillermo Corral, director general de política e industrias culturales], la solución consistirá en obligar a los operadores españoles, a Telefónica a Vodafone o a Ono, a que bloqueen desde sus máquinas el acceso a sus servidores.
  • Proyecto de Ley de Economía Sostenible sobre internet: una chapuza jurídica insostenible, largo pero recomendable análisis desde el punto de vista legal.
  • El ex presidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo ve peligroso que el Estado tutele derechos de libertad.

Por cierto que la nota de prensa del Ministerio sobre la reunión deja en mantillas el famoso campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs.

La última, o mejor penúltima novedad tratándose todo esto de Internet, es que desde la Moncloa han llamado a Fernando Berlín para informarle de que por orden del presidente Zapatero se va a cambiar la redacción de la ley que no se va a hacer nada sin orden judicial, algo que ya había reclamado el ministro de Justicia.

Pero lo cierto es que como bien comentaba Roberto Plà respecto a esta información «lo alucinante es que se puedan ni siquiera haber planteado otra cosa», y personalmente me lo creeré cuando lo vea en blanco y negro en el PDF del BOE. Mientras tanto no hay que bajar la guardia.

Y algo me dice que no soy el único en pensar así.

De Microsiervos

lEY dE eCONOMÍA sOSTENIBLE e iNTERNET, uN dESASTRE eN cIERNES

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció que iba a presentar una Ley de Economía Sostenible para ayudar a sacar el país de la crisis económica actual no creo que ningún usuario de Internet español se haya imaginado la que se iba a montar…

Y es que aunque ni en la nota de prensa posterior al consejo de ministros del pasado viernes ni en la presentación que la acompañó [PDF 426 KB] aparece una sola mención a Internet, en la propuesta de ley aprobada por el consejo [PDF 550 KB] hay una disposición final -la primera, a más señas- que pretende luchar contra el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor a través de redes P2P dando unos poderes inusitados a la Comisión de Propiedad Intelectual que bien le podrían permitir ir mucho más allá.

Esto se supo el lunes por la tarde/noche y provocó un montón de reacciones indignadas, así como la redacción de un manifiesto el martes por la noche (a pesar de lo que diga la Coalición de Creadores de que ya estaba preparado con anterioridad, lo que se puede comprobar que no es cierto ya que fue creado mediante Google Wave) que ha gozado de gran difusión.

Es posible que el manifiesto no sea perfecto, pero al menos ha servido para llamar la atención del gobierno y de hecho la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha invitado a una reunión esta misma mañana a un grupo de usuarios de Internet para dialogar sobre el tema, aunque bien podrían haberlo hecho antes.

En La Ley de Economía Sostenible e Internet: ¿En qué nos afecta realmente? explicamos en detalle, gracias a la colaboración de varios abogados lo que hay que temer y lo que no de esta disposición final, aunque se resume en que:

  • No prevé actuación alguna contra los usuarios finales, cuyos datos identificativos siguen estando protegidos como antes por la Ley de Conservación de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos a menos que se vea involucrada la seguridad nacional o el orden público u otras consideraciones de igual rango. Al no poder identificar un usuario por su dirección IP tampoco se le podrá desconectar de Internet.
  • Los enlaces P2P siguen sin suponer la vulneración de derechos de propiedad intelectual.
  • No añade la infracción de derechos de autor como causa para cerrar una página, pues esto ya existía al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Enjuiciamiento Civil, o la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Sin embargo:

  • Sí crea una Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que puede decidir el cierre una web sin intervención de un juez, y además deja en manos de esta misma comisión el decidir si es necesaria una intervención judicial en caso de que la solicite alguna de las partes implicadas. Esto es muy peligroso, pues extrae el proceso de toda intervención judicial, y viene a ser como dejarle al zorro las llaves del gallinero, por mucho que se suponga que esta comisión estará formada por personas independientes.
  • Hace intervenir a organismos públicos en la tutela de un interés privado en lugar de dejar que se siga persiguiendo como cualquier deuda civil, elevando éste a la categoría de valores o principios como son la salvaguarda del orden público, o la protección de consumidores o de menores de edad, y dejando por lo expuesto en el punto anterior a una de las partes prácticamente indefensa jurídicamente.

Y, como dice Javier de la Cueva, por si esto fuera poco deja claro que «los legisladores son idiotas porque no saben cómo funciona internet».

También parece que aclara de lo que hablaba Viviane Reding, cuando hace un par de semanas le recordaba específicamente al gobierno español en el II Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que La UE no admitirá cortes de Internet sin procedimientos judiciales.

Aunque en cualquier caso hay que tener presente que este análisis está hecho sobre el texto aprobado por el Consejo de Ministros, texto que aún han de negociar en las cortes al no disponer de mayoría absoluta, con lo que puede cambiar de aquí a su aprobación o incluso, esperemos, ser eliminado de la ley en su redacción final.

Aparte de nuestro análisis, aquí van unos enlaces a textos escritos desde el punto de vista legal como complemento a lo que se puede encontrar en los medios de comunicación y a lo que han escrito los «sospechosos habituales»:

{El análisis desde el punto legal de todo esto está hecho con la colaboración de David Maeztu, Javier Prenafeta y Andy Ramos de Derecho en Red y Javier de la Cueva, que han tenido una enorme paciencia conmigo y con mis preguntas de absoluto lego en la materia. También usé las respuestas de David Bravo a las preguntas de otros internautas en esta entrevista. Los errores son todos míos.}

De Microsiervos

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