El mismo día en que un grupo de eurodiputados pedían que la Unión Europea recaude impuestos propios y gestione sus beneficios, el pleno de la Eurocámara volvió a rechazar rebajar su sueldo o algunos de sus privilegios, como volar en primera clase. Un total de 402 eurodiputados (de los 736 de la institución) votaron en contra de una enmienda del grupo Izquierda Unitaria y los Verdes, que pedía comprar "billetes de avión en clase económica para los vuelos de duración inferior a 4 horas".
A favor de reducir los vuelos en primera se mostraron 216, entre ellos Raül Romeva (ICV-Verds), Rosa Estarás (PP) Oriol Junqueras (ERC) y Ramón Tremosa (CiU). En contra, la mayor parte de los grupos popular y socialista europeos, comenzando por Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar, portavoces de las delegaciones españolas. La socialista catalana María Badía se abstuvo, mientras que Willy Meyer, integrante del grupo parlamentario autor de la enmienda, no votó al estar "en un acto de precampaña" en España, según fuentes de su equipo.
A favor de reducir los vuelos en primera se mostraron 216, entre ellos Raül Romeva (ICV-Verds), Oriol Junqueras (ERC) y Ramón Tremosa (CiU). En contra, la mayor parte de los grupos popular y socialista europeos, comenzando por Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar, portavoces de las delegaciones españolas. La socialista catalana María Badía y la conservadora Rosa Estaràs se abstuvieron, mientras que Willy Meyer, integrante del grupo parlamentario autor de la enmienda, no votó al estar “en un acto de precampaña” en España, según fuentes de su equipo.
El resultado del voto no es un episodio aislado, sino que se inscribe en la negativa constante a recortar tanto sus sueldos como la capacidad financiera de las instituciones europeas pese al contexto de austeridad con el que conviven las administraciones nacionales. La enmienda que naufragó ayer era parte de un informe, que sí fue aprobado, en el que Estrasburgo pide incrementar en un 2,3% el presupuesto de la UE para 2012. El año pasado, tanto la Eurocámara como la Comisión exigieron un aumento del gasto de un 5,9% para este ejercicio, algo que provocó la ira de David Cameron, el primer ministro británico, que acabó formando una coalición de países que tumbaron la propuesta.
Aunque los eurodiputados aseguran que el presupuesto de la UE ha de aumentar conforme a las nuevas responsabilidades asumidas con el Tratado de Lisboa, en vigor desde finales de 2009, pocos eurodiputados aciertan a explicar la evolución de sus estipendios personales. Además de rechazar la congelación de su sueldo, los eurodiputados han aumentado recientemente la dotación para sus asistentes. El mes pasado, la Eurocámara acordó aumentar en 1.500 euros la dotación para su equipo, que roza los 20.000 euros al mes.
"Algunos luchamos por tener los pies en el suelo", aseguró Romeva, uno de los tres que apoyaron la enmienda, tras la votación. Romeva, desconsolado por la mala imagen de la Eurocámara, recuerda que la institución es muy grande, y que en ella hay espacio tanto para elefantes políticos en busca de un exilio dorado como de políticos que trabajan.
No es el caso, por ejemplo, de algunos eurodiputados sorprendidos por medios anglosajones en escándalos destapados en los últimos meses. En uno de ellos, publicado por News of The World, una eurodiputada británica sorprendió a una docena de eurodiputados firmando en viernes por la mañana en el registro de asistencia, garantizándose una dieta de casi 300 euros, antes de emprender rumbo al aeropuerto sin participar en las actividades de la cámara. En otro, publicado por The Sunday Times, tres eurodiputados aceptaban cobrar hasta 100.000 euros por introducir enmiendas al dictado de grupos de presión empresarial o lobby. El español Pablo Zalba (PP), se mostró ante los reporteros del rotativo dispuesto a aceptar el dinero, pero al final acabó introduciendo la enmienda sin cobrar por ello.
El único recorte aprobado ayer, muy contestado por el Gobierno de Francia, ha sido el de suprimir una de sus reuniones en el pleno de Estrasburgo. Habitualmente se celebra uno al mes, a cientos de kilómetros de distancia de Bruselas, indiscutible hogar de las instituciones comunitarias y co-sede de la Eurocámara, desde donde parten miles de funcionarios y documentos rumbo a la ciudad alsaciana.
En un acto separado, tres diputados destacados del grupo socialista, conservador y liberal, pidieron un IVA europeo y que sea la UE, y no los Estados, la que gestione sus ingresos y los de la subasta de licencias contaminantes de CO2, en un intento de acabar con la dependencia financiera de las contribuciones nacionales.
