Hace ocho años el PSOE se encontraba en la oposición y criticó la polémica LSSI aprobada por el Gobierno de Aznar. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnología en aquella época, la LSSI provocaba inseguridad jurídica en Internet al introducir el concepto de "autoridad competente", que es la que puede cerrar cautelarmente una página web en el caso de que "atente o pueda atentar" contra algún derecho fundamental. Según el PSOE, ese texto dejaba abierta la puerta a la censura administrativa. "No queda claro si esta autoridad es administrativa o judicial". En 2010, el mismo partido aprueba una Ley de Economía Sostenible que permite cerrar webs, con la diferencia de que no atentan contra ningún derecho fundamental, y es que la propiedad intelectual no aparece en la Constitución como tal.
En un artículo firmado por Patricia Fernández de Lis, que misteriosamente ha desaparecido de la web de El País, Rubalcaba señalaba que la ley estaba mal hecha. "El Partido Popular, ha tratado de utilizar una ley que debería regular las relaciones comerciales en el ciberespacio para tratar de "controlar el flujo de información en la Red", dijo el portavoz de Ciencia y Tecnología socialista.
Hoy la LSSI sigue en vigor y es la que permite según González-Sinde, bloquear páginas web que venden medicamentos en el extranjero para proteger la salud pública. A pesar de que el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño aseguró que la propiedad intelectual es un derecho fundamental, no aparece recogido en la carta magna. La libertad de expresión sí es un derecho fundamental y es precisamente lo que intentan coartar incorporando la disposición final en la Ley de Economía Sostenible.
Por último, en 2002, Rubalcaba, calificó la LSSI como la "ley de censura del ciberespacio", precisamente lo mismo que dicen los internautas hoy, aunque hay más agravantes ya que el ejecutivo sólo busca favorecer a los lobbys de la industria audiovisual.
