Es bueno recordar que el PSOE en su programa electoral de 2004, proponía convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, garantizando un mejor acceso a los servicios, “extendiendo la conectividad”. Prometió la creación de un Fondo para la Igualdad en el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un Bono para garantizarlo. Pues bien, la Legislatura expiró y en vez del fondo para el desarrollo de la sociedad de información nos dejo el privilegio del canon para beneficiar a unos cuantos ya enriquecidos lo cual como hemos dicho en reiteradas ocasiones es algo profundamente inmoral y ahora con la diarrea legislativa que constituye la Ley de economía sostenible, tiene mas disposiciones finales que artículos y todas ellas sin guardar conexión alguna entre si, demuestra por una parte que el organismo gubernamental no es capaz de digerir la realidad del momento y por otra que en vez de considerar las telecomunicaciones un derecho de los ciudadanos, nos trae la censura y legitima el espionaje en Internet.
- Dentro de ese cúmulo de disposiciones modifica mas de 20 leyes, hay una que esta dando que hablar estos días, por la que se modifica la LISI y la LPI. Pero no es ninguna novedad no es mas que otro intento que se suma a los que se produjeron durante la tramitación de la LISI, para establecer la censura en Internet. Basta con recordar el proyecto del articulo
el artículo 17 bis, que fue retirado por dos veces consecutivas y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a la carga con el
"Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet"., que también tuvo que ser retirado tras el ridículo del Ministro Montilla negando desde Barcelona lo que se afirmaba desde su Ministerio: ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada para retirar contenidos de la red sin control judicial alguno.
La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas liberticidas. Ahora con renovado ardor guerrero vuelven con más de lo mismo, pero por el momento solo han conseguido hacer el ridículo: mintiendo, pues dicen cosas que no dice la Ley y, desdiciéndose y desautorizándose varias veces al día.
Es rigurosamente falso que la Ley no permite la desconexión de particulares y lo mas grave para saber si una persona se baja material protegido sus comunicaciones tienen que ser espiadas, lo que atenta al articulo 18.3 de la Constitución, Zapatero dice que no se cerraran páginas Web, pero la Ley y hasta ese mismo momento la Ministra dicen lo contrario.
La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, con estos datos podrán cortarles la conexión o con la ayuda de Sitel saber todo lo que se han descargado durante un año y plantearles una demanda de responsabilidad civil millonaria ( modelo Usa, y con lo que le gusta a Zapatero imitar a Obama probablemente este pensando en eso). En los dos primeros casos la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a la que Sinde calificó de "comisión independiente compuesta por expertos", tras un breve y rápido procedimiento en el que serás oído te cerraran la pagina, te desconectaran... Eso si, tu derecho de acceso a los Tribunales no te lo niega nadie: podrás recurrir, gastándote el dinero en abogados y procuradores y esperar cuatro años hasta que resuelvan en primera instancia.
Aquí queremos poner un ejemplo de lo que pasará. Como es sabido la Ministra esta denunciada por conflicto de intereses entre su cargo y sus intereses propios y familiares con la industria cinematográfica y que administra fondos públicos con los que ha beneficiado a entidades que han sido presididas por ella. Obviamente el órgano administrativo, “la oficina de conflicto de intereses” tan independiente como la Comisión del Ministerio de Cultura no quiere investigar el hecho y ha decidido archivarlo, lo que nos obliga a tener que recurrir en vía jurisdiccional lógicamente cuando resuelva Sinde ya no será Ministra, poco sentido tendrá ya la investigación. Todo esta estudiado para que la Ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos y el Código de Buen Gobierno no sea exigible jurídicamente.
Pero en el caso de Sinde cabe una vía de acceso directo a la jurisdicción, a la que cualquiera puede acudir mediante una querella. La imposibilidad práctica de exigir responsabilidad en la vía administrativa obliga a que alguien reconsidere esta posibilidad, la gran analogía con los hechos por los que ha sido querellado Diego López Garrido, prevaricación y malversación de dinero público son un argumento más a favor. Solo su dimisión, como se esta pidiendo desde la red el mismo día que se anuncio su nombramiento podría zanjar la cuestión. De no ser así los enfrentamientos serán largos y queda mucha gasolina por arder.
Asociación de Internautas
